El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, llamó la atención al Gobierno Nacional sobre la necesidad de precisar de manera clara el costo real de la Reforma a la Salud, a fin de garantizar su implementación, como la sostenibilidad de la misma, en el mediano y largo plazo. 

En este sentido, el jefe del organismo de control advirtió sobre la necesidad de depurar y aclarar las deudas entre los diferentes actores del sistema, como requisito previo a la implementación de los nuevos mecanismos de financiación y flujo de recursos, con un proceso de saneamiento efectivo, en los tiempos de transición de un modelo a otro. 

“Esta Contraloría hace un llamado urgente al gobierno nacional para que nos reporte la estructura de costos y los estudios previos en que se ha basado para la proyección de los mismos, habida cuenta de la necesidad y de la preocupación que nos asiste para llevar a cabo lo de nuestra competencia, en el seguimiento y la vigilancia debida a los recursos públicos, con el fin de que se garantice el derecho fundamental a la salud de la población”, expresó al instalar el Foro “Protección del Derecho a la Salud desde el Control Fiscal”, evento realizado en el marco de la celebración de 100 de existencia de la Contraloría General de la República. 

Para el Contralor, un aspecto crítico evidenciado en el actual modelo de salud es el tema de las deudas de las EPS con los prestadores que, según lo anunciado por la Superintendencia de Salud, estarían en el orden de los $23,3 billones, y conforme los análisis realizados por la CGR con información del más reciente reporte de la Circular 030, con corte a septiembre de 2022, podría ascender a los $26,1 billones. 

Se necesitan medidas de control más eficaces 

Advirtió el Contralor que las deudas con los prestadores, a cargo de las EPS que están bajo medidas especiales, corren el riesgo de no ser canceladas, pues lo que normalmente se observa es que las entidades que entran en estas medidas terminan en procesos de liquidación, con el riesgo de pérdida de los recursos comprometidos en estas carteras, toda vez que los activos resultan insuficientes para cubrir sus acreencias. 

En el ejercicio de seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-760, la CGR reportó, con corte a diciembre de 2022, un total de $6.527 millones correspondientes a auditorías en salud, $28.821 millones de actuaciones especiales de fiscalización, $224.248 millones de indagaciones preliminares; además de 524 procesos de responsabilidad fiscal por valor de $1,3 billones y 102 procesos de jurisdicción coactiva por $1,6 billones 

Por lo anterior, se puede señalar que es evidente la materialización del riesgo financiero de las IPS, en la medida que no se garantiza el flujo oportuno y suficiente de recursos, para la prestación del servicio de salud, lo cual, finalmente incide en la calidad de la atención a los afiliados.  

Procesos de la ADRES requieren ajustes 

El Contralor Rodríguez Becerra manifestó también “gran preocupación” acerca del riesgo de pérdida de recursos del sistema, de no llevarse a cabo los ajustes pertinentes sobre los procesos de la ADRES, de acuerdo con lo que la CGR ha podido verificar en diversas actuaciones que ha realizado sobre esta entidad, que con la Reforma a la Salud centralizaría el manejo directo de los recursos del sector. 

Mencionó tres aspectos de la ADRES que preocupan especialmente a la Contraloría: 

- Las debilidades detectadas en la ADRES por parte de la CGR, en materia del seguimiento a los recursos del sistema, así como de los procesos de auditoría de cuentas médicas de NO SOAT y Recobros por parte de las EPS, que han determinado giros o pagos a diversas entidades sin el rigor debido, sin la verificación del cumplimiento de requisitos críticos para realizar los pagos correspondientes por servicios de salud cobrados o recobrados a la ADRES, en los cuales ha sido notoria la debilidad en materia de auditoría médica NO SOAT y Recobros. 

- En segundo lugar, la tercerización de la auditoría de cuentas de su competencia, lo que supone la necesidad de evaluar el costo-beneficio de dicha tercerización, que ha generado también inconvenientes o trastornos al flujo de recursos, tales como el proceso del contrato 080, cuyo siniestro significó dos años de retraso en la auditoría para el pago de las cuentas de recobros a las EPS, por servicios prestados durante las vigencias 2018 y 2019, cuyo mayor impacto lo sufrieron los prestadores de servicios de salud a nivel nacional, y que dio pie al Acuerdo de Punto Final. 

- Y tercero, en lo correspondiente a las capacidades y competencias institucionales de la ADRES, la CGR evidenció en los ejercicios de fiscalización, debilidades y riesgos, relacionados con la ausencia de talento humano para la realización de auditorías y la carencia de información para iniciar los procesos de recuperación del recaudo por concepto de reclamaciones. Así mismo, la necesidad de ser fortalecida en sus sistemas de información interoperables, que den garantía de transparencia en el uso y flujo de los recursos; con un sistema transaccional visible, que cuente con herramientas de ciberseguridad para garantizar también la seguridad de los datos financieros y en salud. 

“Surge para esta Contraloría el interrogante acerca de cómo serán los procesos de auditoría y seguimiento al giro de recursos del sistema, por parte de la ADRES, de ahora en adelante, ante el nuevo panorama de riesgos implícito en la reforma, el cual debe ser sopesado, evaluado y mitigado al máximo, para evitar la posible pérdida de recursos del sector, pues esta administradora, además del manejo de los mismos, se propone tenga a cargo los procesos de contratación de los servicios de salud”, anotó el Contralor. 

“Debo agregar con el mayor énfasis que esta Contraloría, a partir de la reforma que se propone, adecuará y dirigirá su foco de atención mayoritariamente hacia la ADRES y sus procesos internos de manejo, uso, destinación y flujo de los recursos, sin descuidar los otros actores del Sistema, mediante las diferentes herramientas que poseemos, con el fin de prevenir, mitigar al máximo y evitar las posibles pérdidas de recursos del sistema o detrimentos al patrimonio público”, advirtió.  

Resultados de Actuaciones de la CGR en el Sector Salud 

Después de mencionar algunos logros del actual sistema de salud, como el aumento de la cobertura y la amplitud gradual en el Plan de Beneficios en Salud, y también algunos de los problemas que tiene en materia de accesibilidad, calidad y oportunidad, que llevan en varios casos a que se interpongan tutelas invocando el derecho a la salud, el Contralor General reveló resultados de actuaciones adelantadas por la CGR al sector. 

En los ejercicios fiscales llevados a cabo entre el 2018 y el 2022, se encontraron 281 hallazgos con presunta incidencia fiscal, por un valor superior a $2,1 billones. 

También entre 2018 y 2022, la CGR ha iniciado 1.474 procesos de responsabilidad fiscal a los recursos de salud por $5,5 billones y adicionalmente ha ejecutado 170 procesos de cobro coactivo por cuantía de $1,6 billones; y 910 depósitos judiciales por cuantía de $94.000 millones. 

Igualmente, se determinaron 28 hallazgos con presunta incidencia penal, trasladados a la Fiscalía General de la Nación; 1.692 hallazgos con presunta incidencia disciplinaria, trasladados a la Procuraduría General de la Nación y 692 hallazgos, con otras incidencias, trasladados a la Superintendencia Nacional de Salud, al Ministerio de Salud y Protección Social, a la Contaduría General y a la ADRES, entre otras entidades.  

Intervenciones en el foro

El viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez, dijo que suscribe las recomendaciones que hizo el Contralor sobre lo que debe ser la evolución del sistema de salud e indicó, por ejemplo, que ha sido notoria la debilidad en materia de auditoría médica NO SOAT y por Recobros.  

“Hoy nos encontramos con que tenemos un modelo de salud eminentemente curativo. Se ha debilitado la red hospitalaria y en cambio hemos enviado enormes cantidades de recursos a las promotoras de salud”, anotó. 

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, recordó que el derecho a la salud es uno de los más vulnerados en el país, tanto así que es la principal causa de las quejas que presentan ante la entidad (el 47% del total que recibe). 

Para el exministro de salud, Alejandro Gaviria, como está planteada la Reforma a la Salud “es una utopía regresiva”. En su concepto, es un sistema de salud que regresa al pasado, a un sistema como el que tenía Colombia en los años ochenta. 

“Esta nueva reforma no va a resolver los problemas de atención y de flujo de recursos y va a resultar en más corrupción y menos controles”, concluyó Gaviria. 

“No vemos claridad en el rol que se le está dando a los gestores. Vemos muchos riesgos y sobre un todo un riesgo con la sostenibilidad del sistema”, indicó por su parte la presidente ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina -Acemi-, Paula Acosta.  Afirmó que en la reforma no se considera la gestión de riesgo financiero y eso genera una contingencia enorme para el sistema. 

La presidente ejecutiva de Asocajas, Adriana Guillén, mostró su preocupación por todo lo que se está presentando en este nuevo  modelo de salud. Dijo que el proyecto parte de tomar funciones que tienen las EPS y las dispersa en varias entidades que no tienen la experiencia para asumir esos compromisos. 

Juan Carlos Giraldo, presidente de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, dijo que la reforma es necesaria y tiene que haber pocas manos manejando y muchos ojos vigilando su movimiento. Afirmó igualmente que hoy se tiene un sistema de aseguramiento con una seguridad precaria. 

En representación de los pacientes habló Jorge García, representante de la Fundación Retorno Vital, quien reclamó por la falta de oportunidad para debatir los cambios en el modelo de salud e insistió en que el paciente debe ser el centro del sistema. 

Para el presidente del Senado de la República, Roy Barreras, se equivocan quienes desde extremos delirantes le apuestan a que no pase la Reforma a la Salud. Y manifestó que quienes proponen estallidos sociales, son unos irresponsables. “La responsabilidad de los partidos es aprobar la reforma que el país necesita, construyendo sobre lo construido”, subrayó. 

Dilian Francisca Toro, directora del Partido de la U, consideró que los cambios deben ser para bien, y por eso es tan importante estar abiertos a los consensos. 

“En la reforma presentada por el gobierno, encontramos que se iba a estatizar completamente todo. No era una reforma que mejoraba el sistema, iba a ser regresiva. Nos sentamos con el gobierno y presentamos un articulado que mejoró lo que había. Lo importante es que lo acordado se plasme en ese articulado del proyecto”, anotó enseguida. Destacó que un acuerdo que se alcanzó es que no se creen los Fondos Territoriales y la burocracia que podría haber a su alrededor. 

Por su parte, el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, dijo que lo que se encontró en el proyecto original de la Reforma a la Salud era muy cercano al caos, donde desaparecían las EPS y se creaban fondos regionales que podrían implicar una enorme burocracia. 

Sostuvo también que no se está haciendo una defensa de las EPS sino de una estructura con una experiencia de 30 años. “Las gestoras o administradoras de salud no tienen que ser exclusivamente públicas, pueden ser mixtas”, recalcó. 

"No es cierto que acabar con las EPS vaya a resolver los problemas del sistema de salud, como dice la ministra”, advirtió Andrés Forero, Representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático. 

El Superintendente Nacional de Salud, Ulahy Beltrán, sostuvo que el Congreso tiene un reto frente a la Reforma a la Salud: no equivocarse y escoger lo mejor para todos los colombianos 

El Contralor Delegado para el Sector Salud, Oscar Antipar Cadena, dijo que las distintas apreciaciones y posiciones expuestas en este Foro sobre la Reforma a la Salud ayudan a la Contraloría General de la República a tener una visión integral de cada uno de los actores del sistema, para que, desde su competencia, este organismo de control siga cumpliendo sus labores de vigilancia y control a los recursos de la salud.